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El derecho de petición es un mecanismo fundamental que permite a los ciudadanos interactuar con las autoridades y otras entidades para solicitar información, formular quejas, presentar solicitudes y obtener respuestas. En Colombia, este derecho está garantizado por el artículo 23 de la Constitución Política y regulado por la Ley 1755 de 2015.
Los ciudadanos pueden solicitar datos, informes o explicaciones sobre asuntos gubernamentales, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.
La Ley N° 1755 de 2015 regula las disposiciones sobre el ejercicio del derecho a presentar peticiones por parte de los organismos públicos y privados que desempeñan funciones públicas. La Ley detalla los tiempos de respuesta, los requisitos formales para las solicitudes y las consecuencias de que las autoridades no cumplan con los requisitos.
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